Arqueólogos unidos ante la vulneración de nuestra
herencia cultural tras el paso del rally Dakar
Pese
a los permanentes reconocimientos discursivos, en diferentes ámbitos, acerca
del valor de la diversidad cultural, actualmente la cultura continúa siendo
comprendida por muchos —incluidos los agentes estatales— como algo mayormente
vinculado con el espectáculo, la estética y el hedonismo. Como bien de consumo
o esparcimiento, multitudes confunden la cultura con un pasatiempo, lejano a
cualquier noción de memoria, herencia o sistema de codificación generada, tanto
en el presente como en el pasado, por una o más comunidades. Como efecto de
ello, la gran mayoría de las veces resultan contrapuestos y contradictorios los
programas diseñados por los estados nacionales y por otras jurisdicciones
subordinadas (esto es, regiones, provincias, municipios, etc.), respecto de las
decisiones e intervenciones que se llevan a cabo de hecho para la integración,
la supervivencia y la salvaguarda del legado cultural.
El
patrimonio arqueológico en particular, entendido como parte del patrimonio
cultural, debe ser valorado y protegido por cuanto es a) resultado de los
procesos históricos que conformaron y conforman a las sociedades y a sus
identidades, b) medio insustituible para el conocimiento del pasado y
resignificación del presente y c) recurso turístico, difusor del conocimiento y
generador de ingresos genuinos. La depredación y destrucción, intencional o no
y por cualquier medio y con cualquier fin, del patrimonio arqueológico importa,
pues, una pérdida irreparable del mismo. Sin embargo, a pesar de que la
sociedad en general, a través de sus representantes, ha comenzado a tener
conciencia de la importancia de resguardar el patrimonio —o cual se refleja en
el creciente número y calidad de las disposiciones legales existentes al
respecto—, las autoridades encargadas de hacer respetar por todos los sectores
tales normativas, en ocasiones no cumplen su rol en forma adecuada. En efecto,
los estados y sus organismos dependientes responsables de llevar a cabo una
gestión profesional sobre las comunidades y su patrimonio —a través, por
ejemplo, del relevamiento y análisis de datos, de la organización de instancias
de diálogo, de la toma de medidas orientadas a lograr la puesta en valor del
patrimonio y su integración en las economías locales y regionales— son los
mismos que, en forma paralela, muchas veces operan deshaciendo y obstaculizando
el avance de políticas de protección.
Esto
es lo que sucede, desde el año 2009, con la organización del denominado Rally
Dakar que, durante el corriente año, realiza su octava edición en Sudamérica.
El Rally Dakar es una competencia de vehículos rodados de diversa índole que,
en sus diferentes ediciones, ha incluido territorios argentinos,
bolivianos, chilenos y peruanos. En él participan alrededor de 500 vehículos,
incluyendo motos, cuatriciclos, camionetas, camiones y automóviles que, en
numerosos tramos denominados “especiales”, circulan a alta velocidad a través
de áreas abiertas, por fuera de rutas o caminos preexistentes y en zonas
ancestrales —particularmente en el área andina—, provocando una severísima
alteración del medio ambiente, generando una “huella” de decenas y hasta varias
centenas de metros de ancho. Todos aquellos elementos de la más diversa
naturaleza, sea ésta vegetal, animal, o mineral que se encuentren sobre la
superficie, o inmediatamente por debajo de ella, son invariablemente afectados
o destruidos por completo. A su vez, la asistencia de gran cantidad de público
en los diversos sectores del recorrido acrecienta también el efecto mencionado.
Si
bien existen informes acerca de la afectación de rasgos superficiales visibles,
tales como trazados camineros, geoglifos y cementerios prehispánicos, es
necesario tener en cuenta que el patrimonio arqueológico deriva de las diversas
actividades llevadas a cabo por las sociedades humanas que habitaron nuestros
territorios en el pasado y que, como aquéllas, se distribuye de modo
heterogéneo pero prácticamente continuo en el espacio. En este sentido, se lo
puede hallar en altas concentraciones de materiales, como es el caso de lugares
que funcionaron como sitios de habitación permanente o semipermanente, o como
materiales dispersos, por ejemplo herramientas o fragmentos de artefactos
descartados o perdidos por sus usuarios originales. Estas características
particulares de los restos arqueológicos de valor patrimonial, es decir su
extrema fragilidad y su distribución en el espacio, hacen imperiosa la
necesidad de llevar a cabo acciones de protección ante el daño no sólo real,
sino también presunto o potencial.
La naturaleza del problema, así como las contradicciones
y la fragilidad de las políticas oficiales en nuestros países, nos conducen a
pronunciarnos en contra de la continuación de esta competencia en particular y
de otras similares, en general. Nuestra demanda no debe ser considerada
proteccionista per se, sino como la consecuencia de una comprensión de
la memoria como interpretación del pasado en el presente y como
vía que permite construir y habitar de mejor manera el futuro. Asimismo, debe
ser vista como un reclamo de implementación de políticas culturales efectivas y
coherentes, libres de la lógica del mercado y verdaderamente arraigadas en
nuestras realidades múltiples y en transformación.
Firmamos
este documento con el fin de movilizar, tanto en nuestros ámbitos nacionales
como en el contexto internacional, una reflexión crítica colectiva, que logre
imponer una comprensión de la cultura que trascienda al espectáculo y que
aporte a la configuración de un tejido sensible en el que nos reconozcamos como
un cuerpo social múltiple.
Firman:
Colegio
de Arqueólogos de Chile, A.G.
Sociedad
Chilena de Arqueología (SCHA).
Asociación
de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA).
