¿De qué le sirve a un gobierno de facto, un museo?

Sobre el robo millonario de obras de arte en plena dictadura cívico-militar – eclesiástica.

En la Navidad de 1980, ocurrió el mayor robo de obras de arte de la historia argentina en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Fueron robados siete objetos decorativos de porcelana y dieciséis obras pictóricas impresionistas de Henri Matisse; Auguste Renoir; Paul Cézanne; Paul Gauguin; Edouard Degas; Auguste Rodin, y del artista americano Juan Blanes, entre otros. El botín fue valuado en 20 millones de dólares.

La hipótesis de quienes fueron los protagonistas llega hasta la esfera militar. Una de las principales es que las obras fueron cambiadas a Taiwan por armas, para sostener el momento final de la dictadura que finalizaría en 1983. Armas que empuñarían los combatientes en Malvinas.

En este contexto, aparecen vinculados personajes siniestros como el general retirado, Otto Paladino, ex jefe de la SIDE- Secretaría de Inteligencia del Estado- nombrado por Videla. Paladino conocía perfectamente el museo, era propietario de la “Agencia Magister de investigaciones privadas”, que había sido contratada unos meses antes por la institución para el despliegue del operativo de seguridad durante una exposición temporal, anterior al robo. En dicha empresa, trabajaban familiares de otro personaje oscuro de la historia argentina como Aníbal Gordon, ex jefe de la Triple A. Juntos, Paladino y Gordon dirigieron el centro clandestino de detención en Buenos Aires llamado “Automotores Orletti”.

El robo en el Museo de Bellas Artes deja a la vista las conexiones entre los organismos de seguridad públicos y privados para encubrir actos delictivos cometidos por el gobierno. También, evidencia prácticas reiteradas de aquel entonces; detenciones, interrogatorios, torturas y secuestros. Al menos cinco trabajadores del museo a quienes no se vinculaba con el robo, fueron torturados. Y el curador, quien había logrado que la familia coleccionista Santamarina donara sus colecciones privadas al Estado, fue secuestrado.

Fue la Justicia a cargo de la jueza Laura Damianovich de Cerredo, que se limitó a tomar medidas en contra de los trabajadores del museo, el sereno y el bombero, las únicas personas que estuvieron allí durante el robo. La misma jueza que también fue partícipe de varias torturas realizadas en el “Pozo de Banfield”, otro centro clandestino de detención que funcionó en el conurbano bonaerense.

En 2013, la cineasta Patricia Martín García publicó el libro “Pasaporte al olvido. El caso del robo del Bellas Artes” que devela parte de esta historia; las características del golpe, el rumbo tortuoso que tomó la investigación y el desarrollo de una causa judicial destinada, desde el principio, a encubrir a los culpables y garantizar la impunidad.